GREENSBORO — No tener estatus legal ha impedido a Carlos Díaz, un trabajador de la construcción, someterse a la prueba de COVID-19. Gioconda Muñoz tiene una deuda médica de más de $3,400 por su primer ingreso en el hospital donde, a pesar que le diagnosticaron neumonía, no le hicieron la prueba del coronavirus. María Guevara, una trabajadora de una pollera, vio reducido su cheque semanal a solo $50 luego de faltar al trabajo por 33 días, tras haber enfermado del virus.
Todos ellos son el reflejo de una disparidad e inequidad al acceso a la salud que enfrentan los latinos en Carolina del Norte, un problema que se ha agudizado con la pandemia y que, durante las últimas semanas, han reconocido en innumerables ocasiones el gobernador Roy Cooper y la Secretaria de Salud y Recursos Humanos (NCDHHS), Mady Cohen. Una situación a la que se ha llegado tras años siendo una de la comunidades más vulnerables del estado.
“El COVID-19 ha sacado a la luz el hecho de que tenemos inequidades en nuestra sociedad y definitivamente tenemos disparidades en el acceso a la salud. Este es un problema a largo plazo que tenemos que resolver”, dijo Cohen, en una entrevista con Qué Pasa.
Al 25 de junio, Carolina del Norte ya ha superado los 57.000 casos positivos por COVID-19, de los cuales más de 17.000 corresponden a personas de origen latino. Hay más de 1.290 muertes, 116 son hispanos.
“La comunidad latina representa algo más del 9% de la población del estado, pero supone el 46% de los casos positivos de COVID-19. Esto es preocupante. Es aquí donde está la disparidad”, cuyas razones, afirma Cohen, se remiten a “las inequidades estructurales de nuestro sistema. Sé que la comunidad latina lo sufre todos los días, ya sea porque trabaja en empleos esenciales, como en el campo, en las fábricas, en la construcción... Son trabajadores críticos”.
Lariza Garzón, directora ejecutiva del Ministerio Episcopal para los Trabajadores del Campo, también coincide en que el problema de la disparidad ya existía. “Lo que ha hecho la pandemia es magnificarlo, ponerle una lupa”.
Según Garzón, la brecha en el acceso a la salud que enfrenta la comunidad latina, “crea una angustia en las familias por no tener seguro médico, porque creen que puede afectar sus posibilidades de arreglar sus papeles debido a la carga pública. Tienen que pagar de su bolsillo, tienen que navegar en un sistema que no provee facilidades para ellos”.
SIN PRUEBA POR INDOCUMENTADO
Si Carlos Díaz, trabajador de construcción, hubiera tenido seguro médico, posiblemente no habría necesitado recurrir a la farmacia CVS más cercana a su vivienda, donde le negaron la prueba al no poder presentar una licencia de conducir válida ni un número de seguro social.
Qué Pasa contactó por teléfono con el personal del establecimiento de CVS de W. Webb Avenue, en el poblado de Glen Raven, en el condado Alamance, quienes nos confirmaron que las personas deben presentar una licencia válida o un número de seguro social para hacerse la prueba.
Esta práctica contradice de alguna manera los lineamientos emitidos por el gobierno estatal para establecimientos como CVS, el cual forma parte del grupo de 26 proveedores calificados por el estado de Carolina del Norte para hacer pruebas a las comunidades desproporcionadamente impactadas por el COVID-19, entre ellas la latina/hispana.
“Es denigrante que hagan eso ”, dijo Díaz indignado. “Dicen que quieren parar la situación. Esa señora me negó la prueba... sabrá Dios a quién más habré contagiado sin saber”.
TRES PRUEBAS Y UN GRAN DEUDA MÉDICA
A principios de mayo, Gioconda Muñoz ingresó en el hospital Cone Health de Greensboro con un dolor en la espalda. No le hicieron la prueba del COVID-19 pero sí le diagnosticaron neumonía, según pudo verificar Qué Pasa mediante los documentos proporcionados por la inmigrante hondureña, quien sospechaba haber sido contagiada de COVID-19.
“Seis días después me llamaron para decirme que había pasado algo y que debía hacerme otra prueba”.
Al día siguiente del segundo test, Muñoz ingresó de nuevo en el hospital, ya que su estado de salud había empeorado. Ahí le diagnosticaron COVID-19.
Muñoz ha recibido la primera cuenta médica por más de $3,400 y espera temerosa la segunda factura. Ambas deudas médicas son un duro golpe económico para esta madre inmigrante, quien trabaja como consultora de belleza.
33 DÍAS EN CUARENTENA
Luego de pasar 33 días en cuarentena, María Guevara volvió a trabajar a la procesadora de aves de corral Butterball, situada en el condado de Duplin, donde se contagió de COVID-19.
Al terminar la primera semana de trabajo tras su regreso, Guevara recibió su cheque semanal por solo $50, trescientos dólares menos que lo normal, debido a que se le habían acumulado las cuotas atrasadas de seguro médico.
El dejar de laborar durante más de un mes supuso muchos problemas económicos para Guevara y su familia. No tenía para pagar la renta, los alimentos y mucho menos para la cuota de la bomba de oxígeno que le permite dormir debido a la apnea que padece, y por la cual le ha quedado una deuda de más de $1,000.
ACCIONES DESDE EL GOBIERNO
El 28 de mayo, Cooper reconoció públicamente por primera vez que los hispanos y afroamericanos están siendo afectados desproporcionadamente por el COVID-19. A inicios de junio firmó la orden ejecutiva 143 con el fin de “abordar las disparidades sociales, ambientales, económicas y de salud” de las comunidades minoritarias afectadas por la pandemia.
La orden cuenta con una serie de lineamientos y la creación de un grupo de trabajo, que estaría integrado por varios sectores que representen a las minorías. Aunque todavía no se han hecho públicas las acciones concretas derivadas de esta nueva orden ejecutiva, ya han empezado a surgir algunas preguntas: ¿Estas medidas serán suficientes para acortar la brecha de inequidad? ¿Serán el camino para reparar un error histórico que ha hecho que la comunidad latina caiga en la grieta de un sistema de salud imperfecto?
“Es un paso hacia la dirección correcta, pero me temo que no es suficiente”, opina Garzón.
Nota de redacción: Agradecemos a Karina Neyra, editora general de Qué Pasa, quien nos permitió compartir este importante artículo publicado por ese semanario. Desde el viernes 26 de junio, a las cinco de la tarde, el gobernador Roy Cooper decretó el uso obligatorio de mascarillas faciales con la finalidad de contener el rebrote de COVID-19 en Carolina del Norte.
— Karina Neyra, Condensado de qué pasa mi gente
La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a la comunidad hispana de Carolina del Norte. Cerca del 46 por ciento del total de casos detectados corresponden a pacientes latinos, la mayoría de ellos trabajadores en industrias consideradas como esenciales. (Imagen referencial de Pixabay)